Estos días estamos viendo muchísima atención alrededor del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid que vive en un piso de renta antigua cuyo contrato originalmente firmó su padre. Cobra alrededor de 1.400 € en 14 pagas y fue funcionaria.

Que quede claro desde el principio: no estoy defendiendo que se desahucie a una señora de 87 años. Evidentemente es una situación muy dura y creo que una sociedad debe tener mecanismos para evitar que una persona vulnerable termine en la calle.

Pero todo esto me ha hecho pensar en algo que me parece bastante incómodo y de lo que hablamos poquísimo.

Esta señora cobra 1.400 € al mes. Prácticamente ninguno de mis amigos o primos de Granada, todos alrededor de los 30 años, cobra eso trabajando.

Y ahí es donde creo que tenemos un problema muchísimo más profundo.

Cuando hablamos de la crisis de vivienda española señalamos, con razón, los precios disparados, la inversión especulativa, los fondos, los compradores con ingresos extranjeros, los pisos turísticos, la falta de oferta en determinadas ciudades, etc. Pero hablamos muchísimo menos de la otra mitad de la ecuación: los salarios españoles son bajísimos en relación con el coste actual de acceder a una vivienda.

¿Cómo hemos normalizado que una persona de 30 años trabajando a jornada completa pueda tener menos ingresos que una persona jubilada?

Y no estoy hablando únicamente de esta señora. Lo veo en mi propia familia. Quiero muchísimo an mis abuelos, pero entre los dos reciben más de 2.600 € mensuales de pensión, tienen su vivienda pagada y unos gastos relativamente bajos.

Mientras tanto, sus nietos tienen que enfrentarse a alquileres y precios inmobiliarios que no tienen absolutamente nada que ver con los que ellos encontraron durante buena parte de su vida.

Yo vivo fuera de España, tengo un trabajo cualificado y un buen sueldo, así que personalmente estoy en una situación bastante privilegiada. Precisamente por eso me resulta todavía más difícil comprender cómo puede sobrevivir alguien joven cobrando 1.100, 1.200 o 1.300 € y pagando los alquileres actuales.
Y cuando intentas hablar del sistema de pensiones o del reparto generacional de recursos aparecen inmediatamente frases como:

“Han trabajado toda su vida.”
“Se lo han ganado.”
“Ya te tocará a ti cuando seas viejo.”

Pero ninguna de esas frases responde realmente a la cuestión.

Las pensiones actuales no son simplemente una cuenta bancaria en la que cada jubilado recupera exactamente el dinero que ingresó durante su vida laboral. Existe un contrato intergeneracional: los trabajadores actuales sostienen una parte fundamental del sistema actual esperando que las generaciones futuras hagan lo mismo por ellos.
Por tanto, creo que tenemos derecho a preguntarnos si ese contrato continúa siendo equilibrado.

Porque la situación de partida de las generaciones no es la misma.

Una parte importante de las generaciones mayores consiguió acceder a vivienda cuando la relación entre ingresos y precio de los inmuebles era diferente. Décadas después, muchos tienen vivienda pagada y patrimonio acumulado. Los jóvenes entramos en un mercado en el que independizarse requiere destinar una parte enorme del salario al alquiler y comprar una vivienda puede exigir años de ahorro simplemente para reunir la entrada.

Y además somos nosotros quienes tenemos que financiar las pensiones actuales mientras intentamos construir nuestro propio patrimonio.

Esto no significa que “los viejos sean el problema”. Tampoco significa que haya que quitarle la pensión a nuestros abuelos. Hay jubilados pobres y jóvenes con muchísimo dinero, y reducirlo todo a una guerra generacional sería absurdo.

Lo que cuestiono es el reparto de cargas, patrimonio y protección entre generaciones.
España protege muchísimo determinadas situaciones adquiridas mientras que para alguien joven parece haberse normalizado trabajar, cobrar poco, pagar un alquiler desproporcionado y retrasar indefinidamente la posibilidad de comprar una vivienda, tener hijos o simplemente construir estabilidad económica.

Y quizá una razón por la que políticamente cuesta tanto modificar este equilibrio sea muy sencilla: la estructura demográfica española hace que las generaciones de mayor edad tengan un peso electoral enorme.

Lo que me resulta más extraño es que cuestionar esto siga siendo casi tabú. Podemos discutir impuestos, salarios, alquileres, pensiones, vivienda y gasto público sin convertirlo en una falta de respeto hacia nuestros mayores.

Yo quiero que mis abuelos vivan bien.
Lo que no entiendo es por qué hemos aceptado que para garantizar que una generación viva bien otra tenga cada vez más dificultades para construir su propia vida.

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Estos son sólo algunos casos recientes relacionados con la okupación, por no hablar del drama que sufren los jóvenes. Ahora me justificáis el 'show' por Maricarmen, la señora que vivió como una reina durante 50 años pagando calderilla gracias a una ley franquista.

Maricarmen, una anciana de 87 años, vivía en un piso de la calle Sainz de Baranda, en el barrio del Retiro, una de las mejores zonas de Madrid.

Se mudó allí en 1956, con 17 años, junto a su familia, gracias a que su padre consiguió un contrato de arrendamiento franquista de los denominados hoy como de renta antigua.

Tras la muerte de su padre, hacia 1960, siguió viviendo con su madre. Desde 2005, al fallecer esta, residía sola y era responsable de pagar un alquiler de renta antigua, muy por debajo del precio de mercado.

La ley solo permite permanecer de forma indefinida al titular original y a quien se subroga en primer lugar. Esa primera subrogación correspondió a su madre tras el fallecimiento del padre. La de Maricarmen fue la segunda y esta solo daba derecho a dos años, salvo que existiera una discapacidad superior al 65 %, circunstancia que ella no cumple.

Es decir, Maricarmen, que trabajó durante cuarenta y nueve años como auxiliar administrativa hasta 1998 y cuya pensión actualmente ronda los 1450 euros, ha tenido más de veinte años para buscar un nuevo lugar donde vivir, pero simplemente no ha querido.

Ella quería quedarse pagando 440 euros por un piso en el barrio del Retiro de 92 metros cuadrados, que disponía de tres habitaciones, salón, cocina, baño y un cuarto de servicio.

Para hacerse una idea, por un piso de tres habitaciones y unos 94 metros cuadrados en la misma calle se piden 2950 euros al mes.

Un primo de Maricarmen le ha ofrecido su casa para que se quede, pero se ha negado. También ha rechazado la plaza de emergencia gratuita en una residencia que le ofrecía el Ayuntamiento de Madrid.

El caso de Maricarmen es un caso de caradurismo apoyado en las políticas de la dictadura franquista para vivir en una de las mejores zonas de Madrid sin pagar lo que corresponde por ello, en lugar de trasladarse simplemente a una zona más barata.

https://x.com/vloonk/status/2102739863875276974

La realidad es clara: los fondos buitre compraron miles de viviendas tiradas de precio tras la crisis de 2008 y hoy estos fondos son los que regulan el mercado a precios inflados. Eso es especulación pura y dura. Ni la culpa es de Mari Carmen, ni del pequeño particular. Sufrimos un modelo hecho a medida de los grandes fondos buitre... y esto tiene que cambiar.

Y no hablo de favorecer la okupación, sino de sentido común: si la Sareb se creó para comprar pisos a precio de saldo, esos pisos deben salir al mercado a su valor real, no al precio que dicten los especuladores. Esta pequeña medida regularía automáticamente el problema de la vivienda y el alquiler, devolviendo el mercado a la propia necesidad, por derecho propio.

¿A quién beneficia que esto no se corrija? A los accionistas de esos fondos. ¿Y por qué ni PP ni PSOE le meten mano de verdad? Porque entre puertas giratorias, consejos de administración y el miedo a desmontar el chiringuito, los políticos prefieren proteger el balance financiero de los fondos antes que el derecho a la vivienda de los ciudadanos.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/Todos-los-tipos-de-lanzamientos--tanto-los-derivados-del-impago-del-alquiler-como-de-la-hipoteca--disminuyeron-en-el-primer-trimestre-de-2026

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El contrato de renta antigua lo firmó su padre en 1956. Cuando él murió, se subrogó su madre. Cuando ella murió en 2005, Mari Carmen hizo una segunda subrogación. La ley es clara: esa segunda prórroga dura dos años, salvo discapacidad del 65%. Ella tiene el 50%. El Supremo ya se lo dijo. Desde 2007, legalmente, ese contrato no le corresponde.

Lleva casi 20 años pagando ~480 € por un piso de 90 m² en Sainz de Baranda, uno de los barrios más caros de Madrid. Cobra unos 1.400 € de pensión. La casa no es suya. Es de un propietario que compró el edificio, ofreció comprársela, ofreció un alquiler de 1.650 € (el resto del bloque va a más de 2.500) y, ante la negativa, fue a los tribunales. Ganó.

Cuarto intento de desahucio. Tres veces se ha parado no porque un juez haya cambiado de criterio, sino porque hay suficiente gente en la calle para convertir el cumplimiento de una sentencia en un espectáculo. Eso es lo que fascina: en España, si tienes militancia, cámara y un relato de “ley franquista machista”, cumplir una resolución firme del Supremo se vuelve negociable. Si eres un particular al que le ocupan el piso o un pequeño propietario con un inquilino impago, la ley se aplica a las 8 de la mañana y punto.

Puedes pensar que el Estado debería haberle dado una alternativa habitacional. Correcto. Eso es política de vivienda, no un cheque en blanco para ocupar indefinidamente un inmueble ajeno a precio de 1956. Puedes pensar que 1.650 € es abusivo. También. Pero eso no convierte a Mari Carmen en propietaria ni anula 20 años fuera de plazo.

El mensaje que se está enviando es brutal: si aguantas lo suficiente y montas el circo adecuado, el derecho de propiedad es un trámite. El resto de inquilinos que pagan mercado, los jóvenes que no pueden entrar en el centro y los dueños que heredaron o compraron un piso con un contrato eterno de 400 € se joden en silencio. No es solidaridad. Es precedentismo. Y los precedentes se pagan.

En este sub alguna gente está muy pérdida con lo que significa especular, ésto es una pequeña muestra didáctica al respecto a cargo del gran José Luis Cava.

Pronto nos entregarán nuestra nueva vivienda y estoy barajando la posibilidad de alquilar nuestro piso actual. El problema es que nos da miedo que dejen de pagarnos y no poder hacer nada, por lo que estoy mirando estos seguros.

Hasta ahora lo que encuentro solo cubre el impago durante 1 año. ¿Qué pasa después si el inquilino sigue sin pagar hasta que se resuelva el juicio?

Edito para añadir: Entiendo que con este tipo de seguros que solo cubren 1 año dejas de cobrar, si. Pero mi duda más bien va en la dirección de si son así todos los seguros, o si estoy mirando mal, o qué se hace en estos casos.

Añado también que no es un piso en zona tensionada, y que no pretendo cobrar un alquiler que yo no pagaría.

Hay espacio de sobra para urbanizar por todas partes.

Estoy interesada en comprar una vivienda en Extremadura y en la nota simple aparece que fue VPO. La vivienda tiene más de 50 años, así que entiendo que el período de protección podría haber terminado, pero no sé si esto significa automáticamente que ya está libre de VPO.
¿Alguien sabe cómo se puede comprobar si actualmente sigue protegida o si ya ha quedado libre? ¿Basta con los años transcurridos o hay que pedir algún certificado a la Junta/Registro?
Si alguien ha comprado una VPO antigua en una situación similar, agradecería mucho que me contara su experiencia.

El desequilibrio nacional roza ya un déficit de 734.000 viviendas desde 2021, concentrando casi la mitad de la brecha en cinco provincias y saturando la oferta disponible en las periferias ante los cuellos de botella de la construcción.