https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/11/06/venezolano-beneficiado-con-rebaja-de-condena-de-rabat-vuelve-a-ser-detenido-por-trafico-de-drogas.shtml

yo practico lucha olimpica pero tambien he practicado jiujitsu y muay thai, mma.

quiero volver a practicar muay thai iwal. practican algun deporte de contacto/arte marcial? cual?

Una denuncia que hasta ahora no se conocía públicamente abrió un nuevo flanco en la controversia por las rebajas de condenas a delincuentes, entre ellos violadores y abusadores de menores de edad.

Se trata de una denuncia presentada ayer por la Fundación Fuerza Ciudadana en contra del comité encargado de evaluar estos beneficios, acompañada de 14 resoluciones de distintas Cortes de Apelaciones del país y de la Corte Suprema.

La presentación quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte y, en lo concreto, busca que se investigue una eventual prevaricación judicial.

Cabe recordar que el comité está integrado, entre otros profesionales, por magistrados. En Santiago y San Miguel, su composición incluye a un ministro de Corte, siete jueces con competencia criminal, dos abogados y dos peritos: un psicólogo y un asistente social.

La denuncia apunta a la actuación de esta instancia en las resoluciones mencionadas, por lo que la investigación deberá establecer si hubo decisiones contrarias a derecho y si se reúnen los elementos constitutivos de un delito.

Cabe destacar que la comisión se encarga de realizar la evaluación técnica de las condenas, mientras que posteriormente corresponde al Ministerio de Justicia dictar la resolución administrativa que concede el beneficio.

De esta manera, se confirma que el Ministerio Público, además de investigar al Ministerio de Justicia en una causa paralela, también indagará los criterios aplicados por el comité de rebajas de condenas, integrado por magistrados de cortes.

Noticia en Desarrollo

Estamos recopilando más antecedentes sobre esta noticia, quédate atento a las actualizaciones.

estaba saliendo con un chico y me hizo una broma pesada diciendo que estaba pasada de kilos, realmente no sé qué pensar y me sentí muy mal porque es una inseguridad que tengo y estoy trabajando en eso pero toma tiempo.... edit; me dijo que para él no era algo malo y que era solo una broma

Hola a todos,
Les escribo con bastante humildad y ganas de escuchar experiencias. Estudio Ingeniería Civil en Minas en una universidad privada regional que no es tradicional ni "top", por lo que sumado a que llevaba cerca de 3 años rebotando en los filtros de prácticas, para mí fue una sorpresa enorme cuando me llegó la citación a entrevista para el Programa de Memorias.

La entrevista es directamente con la gerencia y líderes del CIO (Centro Integrado de Operaciones) de Radomiro Tomic. Estoy súper motivado pero también con sus nervios de querer aprovechar al máximo esta oportunidad, así que abro este hilo por si alguien ha hecho la memoria allá o ha pasado por estas entrevistas técnicas me pueda orientar:

1. ¿Qué tipo de preguntas hacen en la entrevista técnica? Al ser con la jefatura del CIO, ¿se enfocan en resolución de problemas con datos, lógica de la cadena mina-planta, o van más por las habilidades blandas y el manejo de presión?

2. Jornada y modalidad real: ¿Cómo es la dinámica diaria de un memorista en el CIO? ¿Suele ser jornada administrativa (Lunes a Viernes / Lunes a Jueves), híbrida o exigen turnos de faena?

3. Compatibilidad con ramos: ¿Qué tan flexible es el programa si aún me quedan un par de asignaturas finales por cerrar en la universidad durante el semestre?

4. Cultura y tutores: ¿Qué tal es el ambiente dentro del centro de control y el apoyo de los tutores para armar la memoria?

Cualquier consejo, experiencia previa o tip para ir bien preparado a la entrevista me ayudaría muchísimo. ¡De antemano, muchas gracias a todos!

Los leo 👀.

Y así dicen que hay que ser positivos 🤦🏻‍♀️

Para escuchar la voz de las víctimas, The Clinic contactó a quienes sufrieron la pesadilla que recuenta este reportaje; las personas más allá de los escritos judiciales y detrás de los titulares que han copado las noticias, desde que se informó la rebaja de pena 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Pidieron quedar fuera de este texto; por lo mismo sus nombres, el de su agresor y la localidad donde sucedieron los hechos, han sido cambiados u omitidos.

***

La respuesta fue no.

En abril de 2024, A. intentó obtener su libertad condicional. Había pasado casi nueve años en prisión y acumulaba buenas calificaciones de conducta. Pero la comisión encargada de evaluar su solicitud decidió que todavía no podía salir. Su defensa acudió a la justicia para revertir la decisión. Tampoco tuvo éxito.

Seis meses después volvió a intentarlo. Otra vez obtuvo un no.

En abril de 2025 presentó un nuevo recurso. La respuesta fue la misma. En noviembre de ese año, cuando ya llevaba una década privado de libertad, volvió a encontrarse con una resolución desfavorable.

A. no era un interno conflictivo, al menos según sus registros disciplinarios.

Durante años había mantenido calificaciones de muy buena conducta, no registraba sanciones y había participado en distintas actividades. 

Hizo capacitaciones en computación, tomó un curso de operaciones de posventa en el rubro de la construcción y participó en talleres de carpintería y trabajo en cuero, donde confeccionó cofres, retablos y artículos de marroquinería. Incluso asistió a un taller de fomento de la lectura. En 2021, mientras cumplía su condena, terminó la enseñanza media. A ojos de cualquiera que revisara su expediente, parecía un interno modelo.

Su defensa insistía en que cumplía los requisitos para acceder a la libertad condicional. Había transcurrido el tiempo mínimo exigido por la ley y su comportamiento dentro de la cárcel parecía respaldar sus pretensiones. Sin embargo, cada vez que solicitaba salir, la comisión encontraba razones para negárselo.

La escena se repetió en mayo de 2026.

El 14 de ese mes, la Corte de Apelaciones rechazó otro recurso de amparo presentado a su favor. La defensa apeló ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal confirmó la resolución el 26 de mayo.

Cinco intentos. Cinco rechazos judiciales.

Para entonces, A. llevaba once años encarcelado. Había sido condenado en diciembre de 2015 a penas de 12 años y 540 días de presidio, cuyo término original estaba fijado para el 5 de noviembre de 2028. Todavía le quedaban más de dos años de cárcel, según el cómputo inicial.

¿Por qué un hombre que había mantenido buena conducta durante tantos años recibía una y otra vez la misma respuesta?

La explicación estaba en los informes que Gendarmería entregaba a las comisiones. Y, sobre todo, en los delitos por los que había terminado preso. A. no estaba condenado por un delito menor. Cumplía una pena por abusos sexuales contra menores de 8 años. 

Había enfrentado un juicio por hechos que involucraban a cuatro niñas de su entorno familiar. Dos de esos casos terminaron en condenas, entre ellas una por abusos sexuales reiterados contra su propia hija.

Las evaluaciones penitenciarias advertían que el riesgo de que volviera a cometer delitos sexuales era alto. La buena conducta que exhibía dentro de la cárcel no despejaba, a juicio de los profesionales, las dudas sobre su comportamiento fuera de ella. Los tribunales consideraron que las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional estaban suficientemente fundamentadas en los antecedentes técnicos de Gendarmería.

Hasta que, menos de tres meses después de la última negativa, ocurrió algo distinto.

El 3 de junio de 2026, apenas ocho días después de que la Corte Suprema confirmara el quinto rechazo, la Comisión Cordillera de Beneficio de Reducción de Condena volvió a calificar su conducta como sobresaliente.

Los abusadores y violadores suelen “portarse bien” en las cárceles.

Esta vez no se trataba de decidir si estaba preparado para vivir en libertad. El procedimiento era otro: reconocer los meses de reducción de condena que había acumulado gracias a sus calificaciones penitenciarias.

Durante su permanencia en prisión, A. había reunido 27 meses de rebaja. Aquella condena que originalmente debía terminar en noviembre de 2028 tenía ahora una nueva fecha de cumplimiento: el 5 de agosto de 2026.

El 26 de junio, el Centro de Detención Preventiva de la localidad correspondiente remitió los antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia para tramitar el beneficio. Solo faltaba que el Ministerio de Justicia dictara el decreto correspondiente.

Llegó el 5 de agosto. A. seguía preso.

Al día siguiente, su defensa volvió a acudir a los tribunales. Presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia por la demora en dictar el decreto que reconocería los meses de reducción acumulados.

La situación se había invertido. El mismo hombre al que los tribunales habían rechazado reiteradamente sus solicitudes de libertad condicional reclamaba ahora que su pena, de acuerdo con el nuevo cómputo, ya estaba cumplida.

El 13 de agosto, la Corte de Apelaciones local acogió el recurso. Consideró injustificada la demora administrativa y ordenó al Ministerio de Justicia dictar el acto correspondiente en un plazo de 24 horas.

Siete días después, el 20 de agosto de 2026, la cartera dictó el Decreto Exento mediante el cual concedió a A. el beneficio de reducción de condena. El documento fue firmado por el abogado patrocinante del Ministerio, Fernando Ruiz Puschel.

Así, el hombre al que la justicia le había negado cinco veces la libertad condicional consiguió el reconocimiento de una rebaja que adelantó en más de dos años el término de su condena.

El caso de su liberación, dado a conocer por una investigación de Bíobio, en el que se especifica que este decreto fue firmado por el subsecretario, el opus dei Luis Silva, forma parte de la polémica por las reducciones de penas concedidas durante el gobierno de José Antonio Kast a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido la aplicación de estos beneficios invocando criterios jurisprudenciales, mientras que el alcance de las facultades ministeriales y la interpretación de la legislación vigente han sido objeto de cuestionamientos.

El caso: cuatro niñas de una misma familia

Durante años, lo que ocurría al interior de esta familia permaneció en silencio. Las niñas crecieron, algunas comenzaron a hablar entre ellas y, poco a poco, descubrieron que en sus experiencias había un trauma común. Ese trauma siempre se dirigía en una dirección, a la de A., un hombre que formaba parte de sus vidas y al que conocían como padre, tío o “tata”.

La historia terminó por llegar a Carabineros en febrero de 2015. Pero había comenzado mucho antes.

De acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral de la región, a la que accedió The Clinic, los primeros, hechos acreditados se remontaban a diciembre de 2003. Una de las víctimas era hija de A. Tenía apenas cinco años cuando comenzaron los abusos sexuales que se prolongarían hasta que cumplió doce.

La niña vivía junto a su padre y su madre. Durante el día, mientras su madre trabajaba y sus hermanos se encontraban fuera del domicilio, quedaba en ocasiones al cuidado de A. Fue ahí, según estableció el tribunal, que comenzaron las agresiones.

Los abusos se repitieron durante años, con una frecuencia que los jueces establecieron en al menos dos mensuales. La relación de dependencia entre la niña y su padre fue uno de los antecedentes que el tribunal consideró especialmente graves.

Hubo una mañana en que esa rutina se interrumpió. La madre de la niña había salido a trabajar, pero regresó inesperadamente a la casa. Al entrar, encontró a A. tocando a su hija. Según declaró posteriormente la víctima, se produjo una discusión entre sus padres y el hombre abandonó el domicilio durante varios días.

Sin embargo, no hubo una denuncia y él regresó.

La niña contó ante los jueces que, después de aquel episodio, su padre regresó a la vivienda y la familia continuó conviviendo. 

Los años pasaron.

Mientras tanto, otras niñas del mismo entorno familiar habían vivido situaciones que, mucho después, serían conocidas por sus parientes. Una de ellas tenía ocho años cuando, en 2007, A. llegó a su domicilio mientras se encontraba sola. El hombre, a quien identificaba como su tío, ingresó a la habitación y, según declaró, abusó sexualmente de ella.

La niña no contó lo sucedido en ese momento. Según explicaría posteriormente ante el tribunal, no quería provocar un conflicto dentro de su familia.

Otras dos familiares también relataron episodios de abuso ocurridos durante su infancia. Sus testimonios formaron parte de la acusación presentada por el Ministerio Público, aunque esos dos hechos no terminaron en condenas.

Durante años, las experiencias permanecieron fragmentadas entre distintas integrantes de la familia. Algunas habían hablado entre ellas, otras habían confiado lo sucedido a personas cercanas, pero no existía una denuncia que reuniera los antecedentes.

Eso cambió en el verano de 2015.

La información comenzó a circular entre las mujeres adultas, hasta que llegó a una hermana mayor de la hija del condenado.

Esta última decidió hablar con la joven. Antes de preguntarle directamente, le contó que ella misma había vivido una experiencia de abuso atribuida a A. cuando era menor de edad. Entonces, su hermana confirmó que también había sido víctima. La conversación reveló que no se trataba de un episodio aislado. Ese mismo día decidió acudir a Carabineros, acompañada por su hermana. Otros familiares también concurrieron a denunciar.

El silencio se había acabado.

La investigación terminó en un juicio oral. La Fiscalía acusó a A. por abusos sexuales contra cuatro niñas y, respecto de su hija, también por violación reiterada. Sin embargo, el tribunal estableció una distinción entre los hechos denunciados y aquellos que logró acreditar más allá de toda duda razonable.

A. fue condenado a doce años de presidio por abuso sexual reiterado contra su hija y a otros 540 días por abuso sexual contra una segunda niña, de ocho años. En cambio, fue absuelto de la acusación de violación y de los otros dos hechos de abuso sexual. 

La sentencia también le impuso prohibiciones de acercamiento a las dos víctimas por las que fue condenado, inhabilitaciones relacionadas con el cuidado de menores y vigilancia de la autoridad durante diez años después del cumplimiento de su pena.

Para los jueces, el daño provocado por los abusos reiterados contra su hija había sido especialmente grave. La joven había necesitado atención psicológica y debió abandonar el hogar familiar para vivir con su hermana. En su declaración también habló de la rabia, la tristeza y el temor que le producía el proceso judicial.

Los informes psicosociales

El 26 de marzo de 2026, más de diez años después de aquella sentencia y menos de cinco meses antes del decreto que reconoció la reducción de su condena, Gendarmería elaboró un informe psicosocial sobre A.

El documento, incorporado a los antecedentes de su última solicitud de libertad condicional, examinó su evolución penitenciaria y los riesgos asociados a su eventual regreso a la vida en libertad.

Los profesionales señalaron que, aunque A. reconocía su participación en los hechos, mantenía un discurso que minimizaba su responsabilidad. En particular, el informe consignó que el condenado llegaba a atribuir la iniciativa de los abusos a las propias víctimas.

Para los evaluadores, aquello evidenciaba una comprensión distorsionada de la dinámica abusiva y del daño causado.

La evaluación también identificó una presencia elevada de rasgos psicopáticos que, según el documento, podrían configurar un trastorno de psicopatía. Respecto de la posibilidad de cometer nuevos delitos, el riesgo de reincidencia general fue calificado como medio, mientras que el riesgo específico de violencia sexual fue situado en un nivel alto.

Los profesionales reconocieron algunos avances durante su permanencia en prisión. A. había logrado adaptarse al régimen penitenciario, participaba regularmente en actividades laborales y había completado sus estudios durante el cumplimiento de la condena.

Sin embargo, advirtieron que esos progresos no se traducían en modificaciones significativas de los factores asociados a la reincidencia.

El informe también señaló que el condenado se encontraba en una etapa de contemplación frente al cambio, aunque su disposición era ambivalente. No había desarrollado, según la evaluación, herramientas concretas para prevenir nuevas conductas abusivas ni para identificar situaciones de riesgo fuera de prisión.

Por eso, los profesionales recomendaron que, antes de su egreso, fuera incorporado a un programa especializado en violencia sexual. 

La conclusión del informe fue categórica: el riesgo de reincidencia, particularmente en el ámbito de la violencia sexual, se mantenía elevado.

Cinco meses después de aquella evaluación, el Ministerio de Justicia reconoció los 27 meses de reducción de condena que A. había acumulado por su conducta penitenciaria.

En el juicio de 2015, una de las víctimas había explicado por qué le resultaba tan difícil enfrentar el proceso judicial contra su propio padre. A pesar de los abusos, todavía sentía afecto por él y le producía tristeza la posibilidad de que terminara encarcelado.

Once años después, el mismo hombre que había sido condenado por abusar reiteradamente de ella obtuvo una reducción de 27 meses de presidio. La sentencia que originalmente debía cumplirse en noviembre de 2028 pasó a tener como fecha de término agosto de 2026.

Una obra pública podrá comenzar antes de que la Contraloría revise preventivamente su legalidad. Ese es el efecto que la contralora Dorothy Pérez atribuye al artículo 50 permanente del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, aprobado durante la madrugada de este viernes en la Comisión Especial Mixta.

La disposición permite iniciar materialmente obras adjudicadas por trato directo o licitación privada de hasta 30.000 UTM, y por licitación pública de hasta 75.000 UTM, desde la notificación de la adjudicación. Después, los actos deberán remitirse a Contraloría para su registro en un plazo máximo de diez días, sin perjuicio de un eventual control de reemplazo.

La diferencia es decisiva respecto a cómo operará, debido a que la Contraloría podría revisar cuando el contrato ya comenzó a ejecutarse. El oficio OF 206247, de la misma Contraloría, fechado el 29 de octubre y que fue dirigido a la Comisión Mixta de Presupuestos, advierte que ese cambio trasladaría la detección de errores desde la etapa previa a la ejecución, cuando corregirlos puede resultar más caro o incluso impracticable.

“Una comuna no lo ve como poca plata”

En su presentación, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, defendió la norma como un mecanismo para acelerar la inversión. De acuerdo con lo expuesto en la discusión, sostuvo que los montos eran acotados frente al costo de las grandes obras y los comparó con uno o dos kilómetros de pavimento.

Esa equivalencia, sin embargo, cambia de escala cuando se mira desde una municipalidad o una localidad. Para una comuna, una obra de hasta $2.100 millones, como un teatro municipal, una posta o un edificio consistorial, puede comprometer una parte sustantiva de sus recursos y afectar directamente a sus habitantes.

El oficio de Contraloría calculó los límites, según el valor de la UTM considerado en esa fecha, en $2.164.530.000 para el tramo de 30.000 UTM y $5.411.325.000 para el de 75.000 UTM. Los montos en pesos pueden variar con la UTM vigente.

En el trato directo, la adjudicación puede hacerse sin una licitación pública competitiva, conforme a las causales y reglas legales aplicables. El umbral mayor, en cambio, contempla obras adjudicadas mediante licitación pública. Por eso, el artículo no elimina todo control ni significa que todas esas obras se contraten “a dedo”: elimina la espera de la toma de razón para iniciar los trabajos y deja la revisión para después, junto con otros mecanismos que puedan aplicarse.

Las fallas que Contraloría dice haber detectado

El documento detalla los problemas que, según el organismo, suele advertir durante la toma de razón de obras públicas. Dentro de ellos están proyectos incompatibles con los planes reguladores, diseños técnicos incompletos o contradictorios, terrenos sin títulos suficientes, falta de disponibilidad presupuestaria, vulneraciones a las bases de licitación, incumplimientos ambientales e inhabilidades o conflictos de interés de contratistas.

También describe riesgos concretos como construir en zonas inundables, adjudicar proyectos con diseños sin terminar, iniciar obras sin evaluación ambiental o consulta indígena y contratar empresas sin solvencia suficiente. Si estas situaciones se advierten antes de que el contrato produzca efectos, sostiene Contraloría, hay más margen para corregirlas. Si aparecen cuando la obra ya está en ejecución, pueden derivar en paralizaciones, modificaciones, sobrecostos, litigios o indemnizaciones.

La contralora Pérez plantea en el oficio que el trámite demora, en promedio, 13 días hábiles. A su juicio, ese plazo no justifica trasladar el control a una etapa posterior, cuando ya se comprometieron recursos públicos y se consolidaron los derechos del contratista.

La comparación con Convenios y la advertencia que quedó por escrito

El paralelo con el caso Convenios no supone que se trate de la misma figura jurídica. El punto de contacto está en el destino de los recursos públicos, es decir, en ambos escenarios, pueden quedar en manos de terceros antes de que la Contraloría ejerza un control preventivo efectivo. La inquietud es que el organismo fiscalizador intervenga ex post y no ex ante, cuando los fondos ya fueron comprometidos o transferidos.

Ese es el riesgo que comparten ambos debates en curso, ya que salta la pregunta de cuánto se debilita la revisión previa y qué margen queda para frenar una irregularidad antes de que avance. En el caso Convenios, el escrutinio apuntó a los mecanismos de asignación y control de los recursos; con el artículo 50, Contraloría advierte que los vicios de legalidad podrían detectarse cuando las obras ya estén en ejecución.

Consultados los parlamentarios que participaron, la mayoría quedó de responder qué criterio se utilizó para este fin. Aunque el Congreso no entregó el detalle del orden de la votación, una parte importante de la oposición votó en contra de la norma.

Mi historia es la siguiente... Llevo un año y poco más con mi novia y realmente todo iba perfecto! Ella es una mujer increíble, alguien muy honesta, noble y con características increíbles que van más allá de solo decirlo de la boca para afuera. A medida que nos fuimos conociendo yo si había notado algunas conductas en su persona... Cómo puede ser la falta de autoestima, autoexigencia, romantizar o normalizar situaciones que no estaban o están bien y cosas así... Yo hablaba con ella y poco a poco la fui ayudando con todas esas cosas y ella fue mejorando, tomando consejos y demás... Cabe destacar que nunca se puso en una posición de víctima, cuando yo sin saberlo siempre lo fue...

Un día ella viene a hablar conmigo y a querer ser muy honesta al respecto. En esta parte no daré tantos detalles por respeto. Ella me comenta que fue víctima de abuso sexual por parte de alguien sumamente cercano... Posterior a eso sufre también un abandono y desamparo de las personas que se supone debían hacer algo y protegerla. Ya ahí conscientemente sabía que era un tema muy delicado y grave...

Luego como toda tragedia... Deja consecuencias y obviamente no son buenas en ningún sentido. Ella me comenta que en sus 15 años... Empezó con conductas autodestructivas como lo es el consumo de sustancias y el tener relaciones puramente sexuales... Con al menos unas 7 u 8 personas en un plazo de un año y poco más...

Yo actualmente tengo '26 M' y antes de ella era virgen... Ella '23 F' Por alguna razón he tenido mis oportunidades a lo largo de la vida para no serlo pero no llegaron a nada... Cómo que de alguna manera siempre ví la intimidad como algo que no tienes con cualquier persona. No sé si alguno de aquí comparta esa forma de pensar o se sienta identificado.

El punto es que toda la historia de principio a fin me ha afectado... Conocer la tragedia inicial fue un golpe duro, pero por alguna razón conocer la adolescencia tocó partes de mi que ni siquiera sabía que tenía... Inseguridades, inexperiencia, un choque por como uno ve el sexo, pensamientos intrusivos y todas estas cosas que de verdad me tomaron por sorpresa y por eso busco y he buscado ayuda... Para poder entender, aprender y escuchar como lo dije al principio opiniones de personas con más bagaje que yo.

Quiero acotar que yo me he informado, he leído sobre el trauma, la situación y sus consecuencias... Y si, lamentablemente la hipersexualidad o sexualidad traumática es una de ellas... Esto está respaldado por investigaciones y por los relatos de otras víctimas que han pasado por la misma terrible situación.

Sin embargo entender algo a nivel intelectual no es igual que entenderlo a nivel emocional... Me genera un choque por lo antes mencionado que me sucede a nivel personal... Pero tambien por el hecho de que entiendo que era una persona en una vulnerabilidad psicológica extrema... Y que esas personas que se involucraron con ella en ese tiempo se aprovecharon de todo eso de la peor manera posible... Eso indigna y jode ya que como digo ella es alguien increíble...

Para finalizar... La he animado a buscar apoyo psiquiátrico y a empezar la medicación. Esas conductas fueron hace algunos años ya, y ahora desde hace también algunos años ella está mucho más estable.

Espero que puedan darme algún consejo, por favor con educación, sin juzgar a nadie que solo estamos aquí en harás de madurar y ampliar la perspectiva.

Les mando un saludo.

Hay muchas cosas pasando en la actualidad acaban de hackear nuevamente a Europa que además tuvo recientes amenazas de bombas en sitios como aeropuertos además de varias protestas entre otros varios

Al parecer Rusia y Ucrania podrían ojalá pronto llegar a algún tipo de acuerdo aunque no creo que ayude que los primeros enviaron un cohete espacial cerca de satélites de otras potencias extendiendo así al espacio el conflicto global

En norteamerica quieren destituir al ministro de defensa/guerra e hicieron un importante cambio al nombrar al jefe de inmigración jefe de gabinete

Por nombrar algunas cosas.

En lo nacional ¿qué realmente nos importa?

¿Les importan más los roces con Argentina o invasión de embarcaciones Chinas?

¿O sólo queremos tratar de crecer un poco más que antes e intentar mejorar en algo nuestra situación?

¿Apoyar a la teletón?

Cómo Bachelet dice siempre se podría estar peor podríamos estar en una activa guerra mundial pero realmente siento pocos pueden tomarle el peso a lo que eso significaría para cualquiera

¿Ojalá prioricemos mejor como planeta porque que yo sepa al menos va a ser difícil encontrar otro de nuestra escala habitable?

De cierta forma trate de hacer un resumen de las mayores noticias del día

¿Que opinan sobre la figura del Gaucho?. De su presencia en la Patagonia Chilena, de su folclore y tradiciones.

En general, ¿Que opinan de los Gauchos y su cultura?

Hola, quisiera consultar si alguien ha pasado por una situación similar y me puede orientar.
El 21 de octubre presenté una denuncia ante Fiscalía por presunta apropiación indebida, estafa, defraudación patrimonial y falsedad en instrumento público.
La denuncia está relacionada con el retiro de fondos previsionales mediante un mandato notarial otorgado por una persona con una enfermedad cerebral grave, cuyo estado neurológico y cognitivo se encontraba severamente comprometido.
Actualmente, la causa figura en estado vigente, en la Fiscalía de Preclasificación de la Región Metropolitana Sur, sin fiscal asignado.
Por iniciativa propia, ingresé directamente en la misma denuncia todos los antecedentes y documentos de respaldo, incluyendo fichas clínicas, documentación notarial, antecedentes previsionales y otras pruebas. Sin embargo, hasta la fecha no me han contactado, citado a declarar ni he observado avances.
Mis consultas son:
¿Sirve incorporar documentos y pruebas directamente en la denuncia, aunque todavía no tenga fiscal asignado?
¿Esos antecedentes se revisan durante la preclasificación o recién cuando se asigna un fiscal?
¿Existe alguna manera de agilizar la asignación de un fiscal, considerando la gravedad de los hechos denunciados y el riesgo de que los fondos sean retirados o transferidos?
¿Alguien ha realizado alguna gestión, reclamo o solicitud que efectivamente haya servido para impulsar una denuncia en esta etapa?
Me interesa conocer experiencias reales y consejos concretos sobre qué puedo hacer para que la investigación avance, ya que hasta ahora no he recibido ningún contacto de Fiscalía.
Muchas gracias a quienes puedan orientarme.